Luis Zayas & Gonzalo Ulloa | 25 de junio de 2021
Queremos animar a la creación de centros o instituciones en los que se garanticen el cuidado de las personas y el ejercicio ético de la actividad sanitaria y asistencial. Es nuestro deber apostar por la vida.
La mal llamada ley de eutanasia profundiza en la desprotección del derecho a la vida en España. Si hasta ahora eran los bebés no nacidos los únicos españoles que no tenían reconocido el derecho a la vida; a partir de la publicación de esta ley en el Boletín Oficial del Estado ningún español, nacido o no, tendrá garantizado que la sociedad, el sistema sanitario o asistencial, o las administraciones públicas vayan a proteger su primer derecho fundamental.
Los promotores de la ley argumentarán que la «eutanasia» sólo será aplicada a aquellos pacientes que en plenitud de facultades la soliciten. Sin embargo, la experiencia en las cuatro únicas naciones -Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá- que tienen legalizada la eutanasia en el mundo demuestra que el plano inclinado se produce inexorablemente, lo que supone que a muchas personas se les aplicará la eutanasia, acabando con su vida, sin su consentimiento. Si a esa experiencia unimos que la ley española es menos garantista que la de estas naciones el resultado es que muchos españoles, en especial los más vulnerables (enfermos con fuertes sufrimientos, con enfermedades crónicas o en fase terminal, personas con discapacidad, ancianos solitarios …) van a ver su derecho a la vida fuertemente condicionado.
Sin embargo, no sólo ellos se verán afectados. Esta ley amenaza seriamente a todos los profesionales sanitarios y asistenciales. Todos estos profesionales van a ver amenazada su integridad en el ejercicio de sus profesiones. La ley no les obliga a aplicar la eutanasia -porque parece que cabrá la objeción de conciencia, ya veremos en qué condiciones- pero sí les obliga a convertirse en cómplices de la muerte de una persona al tener que derivar cualquier solicitud de eutanasia allí a donde pueda ser atendida. Esta obligación legal contradice cualquier principio moral, ya que a nadie se le puede obligar a participar en el asesinato de ningún ser humano, lo pida éste o no.
Junto a estas amenazas a personas concretas, con ojos y cara, con nombre y apellido, esta ley supone un peligro para los cimientos de la convivencia en sociedad. Por un lado, esta ley destruirá la confianza que debe existir entre médico y paciente; por otro, esta ley debilitará los vínculos sociales porque no podremos estar seguros de que nuestros familiares, vecinos, compatriotas lucharán por nuestra vida y no caerán en la tentación de pedir nuestra muerte. Es una ley, en definitiva, que nos hará peores, que sacará lo peor de la sociedad.
Por todo esto es necesario dar un paso al frente y apostar por la vida. Una apuesta que garantice a los más vulnerables que su vida será cuidada; que permita a los profesionales sanitarios y asistenciales ser fieles a su juramento hipocrático; que salvaguarde la confianza en la relación médico paciente y fortalezca los vínculos sociales.
En un contexto en que la incultura de la muerte y del descarte avanza a pasos agigantado a lomos de leyes injustas que desprotegen derechos básicos y abandonan a los más vulnerables es necesario crear entornos seguros; entornos que apuesten por cuidar, por acompañar, por proteger, donde la amenaza de la eutanasia, la posibilidad de matar enfermos o personas con discapacidad no esté presente Sólo así seremos capaces de mejorar nuestra sociedad. Sólo así será posible promover la cultura de la vida.
Por ello queremos animar a la creación de centros o instituciones en los que se garanticen el cuidado de las personas y el ejercicio ético de la actividad sanitaria y asistencial. Lugares «libres de eutanasia» que puedan acreditarse como tales. ¿Cómo pueden ser esos lugares o instituciones? Podrían ser lugares en los que:
– Cada enfermo o residente (si se trata de una residencia de ancianos) firme al ingresar una declaración en la que no autoriza que se le proponga ni aplique la eutanasia y en la que se comprometa a no pedirla.
– Cada trabajador firma un compromiso de no ofrecer ni aplicar la eutanasia a ningún enfermo o residente.
– La institución rectora hace un compromiso público con cada paciente, residente o trabajador de que nunca propondrá ni aplicará la eutanasia.
– La institución rectora asegura a sus pacientes o residentes la atención de cuidados paliativos, bien en la misma institución o bien mediante su derivación a otra institución especializada si fuera necesario. No nos basta con no matar, queremos cuidar, acompañar, ayudar a los enfermos y mayores.
Estos centros o instituciones deberían pasar un proceso de acreditación que permita garantizar a sus usuarios y trabajadores que existen prácticas y procedimientos internos que los convierten realmente en ámbitos libres de eutanasia. Desde nuestras asociaciones queremos, en conjunto con todo el ámbito asociativo que lo desee, desarrollar e impulsar esta iniciativa para que sea un instrumento eficaz de protección ante los peligros que supone la ley que permite matar enfermos y personas con discapacidad. Nuestro compromiso está con ellos.
Esta iniciativa además ayudaría a formar una comunidad que mantenga presente en la sociedad la injusticia e inmoralidad de esta ley e impedir que desaparezca el necesario debate social sobre su derogación.
Es nuestro deber apostar por la vida, es nuestro deber cuidar a los vulnerables, es nuestro deber proteger a los profesionales sanitarios y asistenciales. Es nuestro deber construir una España mejor. ¿Nos ayudas?
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